Amaya Fernández: Personas, no banderas

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En el País Vasco estamos asistiendo a una situación que mezcla componentes complejos e ilógicos. Complejos en la medida en que hemos sido y somos una de las Comunidades más afectadas por la incidencia del Covid-19. Tanto en términos de infectados como de fallecidos. Sólo Madrid y Cataluña registran peores datos. E ilógicos porque mientras todo esto sucede, el nacionalismo vasco ha asumido un posicionamiento irresponsable e innecesario en torno al Ejército y al papel que este debe desempeñar no ya en Euskadi, sino en todos aquellos lugares donde cualquier tipo de ayuda sirva para salvar siquiera una sola vida o donde esa ayuda sea útil para evitar un único contagio.

El pasado 17 de marzo, y en plena escalada del virus en el País Vasco, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lanzó un mensaje a la ciudadanía. «No veo al Ejército por aquí. Podemos hacerlo por nuestros propios medios», dijo mientras se afanaba en centrar sus esfuerzos en demandar un uso «escrupuloso» del Estado de alarma para que no se produjera «ninguna alteración del esquema de competencias que tenemos». Ese mismo día, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, fue preguntado por la conveniencia de la intervención de la UME y respondió: «No es el momento» para la crítica, aunque «haya motivos» para ella. El pasado domingo, el lendakari, preguntado en una entrevista en prime time por si veía con buenos ojos la ayuda del Ejército, en una guerra que no conoce fronteras ni ideologías, dijo: «Tenemos nuestros propios recursos. Creo que tenemos capacidad de actuación y competencias exclusivas».

Remití una carta al lendakari Iñigo Urkullu en la que, en nombre del PP vasco, le recordé que el País Vasco era –aún lo es– la tercera comunidad autónoma con mayor número de afectados y de fallecidos por coronavirus y que hacía apenas unos días habíamos registrado el primer fallecimiento de una sanitaria por Covid-19. Insistí en que creía firmemente que no era el momento de descartar ningún tipo de ayuda, como tampoco de advertir, como ha hecho el propio lehendakari, de que no es necesaria la ayuda del Ejército para desinfectar espacios o para desplegar un hospital de campaña en caso de que sea necesario. La respuesta de Iñigo Urkullu a mi carta fue ilógica. En ella me informó de que la presencia de unidades como la UME u otras similares «siguen sin ser necesarias en el corto plazo».

Desde el respeto institucional, hoy el PP vasco se ve obligado a alzar la voz y a mostrar su profunda incomprensión en torno a un posicionamiento, el del Gobierno vasco, que de forma deliberada descarta la ayuda de efectivos del Ejército de tierra o de la UME para cuestiones tan capitales como la desinfección de calles, espacios públicos, edificios, residencias de ancianos, hospitales públicos y privados, comisarías de la Ertzaintza, parques de bomberos, juzgados, estaciones de autobuses o comercios abiertos. La descarta pese a que las labores de desinfección no son ni deben ser puntuales.

Los vascos vemos con preocupación e incomprensión que mientras la UME o el Ejército de Tierra colaboran y suman esfuerzos en comunidades autónomas con un número de contagios y fallecidos notablemente inferior al que registra el País Vasco, aquí, en Euskadi, esa suma se descarta. Se descarta sin que el Gobierno de España dé una explicación convincente sobre por qué da validez a la negativa del Gobierno vasco de sumar esfuerzos. Sobre por qué el País Vasco, una de las principales Comunidades Autónomas afectadas por la pandemia, es la única en la que el Ministerio de Defensa actúa con pies de plomo limitándose a operar en zonas que estrictamente no son competencia del Ejecutivo vasco, como el aeropuerto de Bilbao o las estaciones de Renfe.

Es momento de salvar vidas y para eso no sobran manos. En el País Vasco no sobra nadie en la lucha contra el Covid-19. Los planteamientos identitarios que descartan la presencia de ayuda en función de banderas y no de personas son un riesgo inasumible para la ciudadanía y una irresponsabilidad impropia de responsables públicos. Ni el Gobierno vasco debe seguir instalado en la autogestión de una crisis que no conoce competencias ni fronteras ni el Gobierno de España puede priorizar la diplomacia con el nacionalismo al interés público y sanitario de los vascos.

Amaya Fernández

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