Una decena de etarras debe todavía más de un millón de euros a sus víctimas

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Una decena de etarras debe todav√≠a a las familias de las personas a las que asesinaron m√°s de un mill√≥n de euros, sumando las cuant√≠as a las que fueron condenados en sentencia firme y que rebasan el tope de responsabilidad civil que cubre en estos casos el Estado. Se trata de cr√≠menes antiguos, algunos de hace m√°s de 20 a√Īos, cuyos autores siguen a d√≠a de hoy sin haber cumplido esta parte de la pena. El tiempo corre en su favor. Los expedientes que se olvidan acaban prescribiendo.

Eso es lo que ocurrirá el próximo 7 de octubre con más de medio centenar de etarras que tienen deudas pendientes con sus víctimas. Esta fecha límite fue fijada por la Audiencia Nacional cuando en un caso similar, tuvo que decidir a partir de qué momento caducaban las indemnizaciones que se habían impuesto a miembros de ETA antes de la reforma del Código Civil que en 2015, redujo a un lustro los plazos de prescripción en estas reparaciones económicas.

Con ese horizonte, la Asociaci√≥n de V√≠ctimas del Terrorismo, con su equipo jur√≠dico al frente, ha registrado una bater√≠a de escritos ante la Audiencia Nacional para que se tomen medidas, ya que entienden que basta con una comunicaci√≥n del juzgado al deudor para que se interrumpa ese plazo de prescripci√≥n que se cierne sobre las familias. Y lo hacen, a sabiendas de que no tienen legitimaci√≥n, pues toman la iniciativa como acusaci√≥n popular y seg√ļn han decidido los propios tribunales, desde esa posici√≥n no pueden entrar en la reclamaci√≥n de ejecutorias. Sin embargo, el objetivo es levantar la liebre: Un fiscal tendr√° que informar esos escritos y ver√° as√≠, igual que un juez, que hay deudas por saldar que podr√≠an no llegar a pagarse nunca.

Es la misma tesitura que se dio con el caso del c√©lebre abogado del pr√≥fugo expresidente de la Generalitat de Catalu√Īa Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. La AVT solicit√≥ en 2008 activar el embargo de sus bienes porquetodav√≠a no hab√≠a pagado la responsabilidad civil que contrajo cuando particip√≥ en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, raz√≥n por la que fue condenado a 14 a√Īos de c√°rcel y a indemnizarle junto a los otros sentenciados con 1,2 millones de euros. La Audiencia Nacional rechaz√≥ la iniciativa por entender que s√≥lo la propia v√≠ctima pod√≠a presentar ese tipo de reclamaci√≥n, pero un fiscal cogi√≥ el testigo y pidi√≥ una revisi√≥n de su patrimonio. En aquel momento, segu√≠a siendo insolvente.

Diez a√Īos despu√©s, fue un letrado en representaci√≥n del propio Revilla quien acudi√≥ a reclamar y tras analizar el caso, la Secci√≥n Primera de la Sala de lo Penal acord√≥ que no estaba prescrito precisamente por aquella gesti√≥n de 2008. Orden√≥ una nueva revisi√≥n patrimonial de Boye para poder embargar lo necesario y acabar saldando su responsabilidad civil con el empresario.

Diez asesinos, siete víctimas

Ahora, se pone el foco en diez condenados de ETA con sentencia firme por un total de siete asesinatos, cuando quedan seis meses para que prescriban sus deudas. Se trata de Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, que debe medio mill√≥n a los supervivientes de un doble asesinato. Daniel Pastor, Beatriz Etxebaerria e √ć√Īigo Zapirain, quienes a√ļn no han pagado 100.000 euros a la familia de su v√≠ctima. Ana Bel√©n Eg√ľes, Iv√°n Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios; que tienen pendiente una cuant√≠a similar, tambi√©n por un asesinato. Sergio Polo, que debe 120.000 euros y Gurrutz Aguirresarobe, con 300.000 euros que iban a las v√≠ctimas sin abonar, seg√ļn la documentaci√≥n a la que ha tenido acceso ABC. Tampoco han pagado la suya los tres etarras condenados por el asesinato del funcionario de prisiones M√°ximo Casado, pero la sentencia a√ļn no es firme.

Estas son exclusivamente las cuantías que deben en persona a las víctimas de sus actos. En todos los casos, las sentencias impusieron una responsabilidad civil mucho más elevada. Sin embargo, el Estado, asumiendo la insolvencia que alegan los asesinos de ETA, cubre hasta un máximo de medio millón de euros de esa indemnización que corresponde a las supervivientes para evitar su indefensión.

Por descontado, estos diez terroristas no han devuelto esa cuant√≠a y se la deben as√≠ al conjunto de los espa√Īoles. Son tres millones de euros s√≥lo en estos casos, cientos si se consideran todos los asesinatos o las lesiones frente a las que la Administraci√≥n ha dado la cara para recibir de vuelta, nada o casi nada. Con todo, de oficio y preso a preso, lo sigue reclamando.

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